El pensamiento político de Jesús María Valle
PROYECTO HUMANISTA POR ESENCIA
Jesús María Valle Jaramillo, defensor antioqueño de los derechos humanos, cayó asesinado el 27 de febrero de 1998. Su propuesta política, reunida en los lineamientos ideológicos de su movimiento Acción Popular Independiente, API, es de claro corte humanista.
El proceso que condujo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en 1991 tuvo en Jesús María Valle Jaramillo a uno de sus protagonistas. Empero, el entonces presidente del Comité de los Derechos Humanos se quedó en el camino. No pasó así con el pensamiento político del malogrado dirigente, quien proyectó su idea del Estado en el movimiento Acción Popular Independiente, API, cuyos postulados engloban una línea de acción definida: La defensa de un nuevo pacto social, un código de paz, un proyecto histórico que incluye la democratización de la economía, la desmilitarización de la vida nacional, lo educativo y lo cultural. El consejo, así descrito, construye una pirámide en cuyo vértice debe estar, inexorablemente, el Derecho a la Vida.
BASES SÓLIDAS
El deseo suyo y de su movimiento, de llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, se sustentaba en bases sólidas, producto de profunda reflexión: “Nosotros pensamos que para poder superar este código de barbarie y entronizar un código de paz tiene que haber una amplia participación comunitaria y que al lado de los partidos tradicionales las nuevas fuerzas sociales han de tener su manifestación en la Constitución. Entendemos la Asamblea Nacional Constituyente como la oportunidad de llegar a un acuerdo, a un pacto social, a un consenso sobre un nuevo proyecto histórico”.
Proyecto histórico que se concreta -¡hoy tiene más vigencia que nunca!- en los siguientes puntos:
En el campo económico incluye la democratización de la economía y de las empresas. Lo político pasa por la desmilitarización del Estado, de la sociedad y de la lucha política, es decir, “que trabajemos en el campo civil pensando fundamentalmente en la organización de la comunidad, que no haya lucha armada en el país”. Lo cultural propende por un programa auténtico de cambio a nivel educativo, informativo, técnico, científico y de las artes. “Si no hay un consenso en torno a un proyecto histórico, Colombia intensificará su lucha y su código de muerte”.
POR LA VIDA
Su defensa de la vida es un himno aguerrido y firme: “Toda la ola de muertes que ha invadido las esferas de la vida nacional exige que haya mucha seriedad por parte de todas las fuerzas vitales de la sociedad, porque hemos llegado al convencimiento de que la seguridad no la podemos dividir. La inseguridad nos invade a todos y la muerte la hemos padecido todos: los empresarios, los campesinos, los políticos, los líderes sindicales, el movimiento guerrillero, los amplios sectores populares del país. Ello nos obliga inexorablemente a colocar en la pirámide de un consenso el Derecho a la Vida, que es lo que le dá fundamento a la civilización y enaltece a los pueblos, nosotros no podemos pensar en los derechos socioeconómicos, culturales ni ecológicos”.
La estructura política del país, sobre su base histórica, la analiza así:
“Nosotros teníamos una concepción muy clásica del Estado. Su estructura la cimentábamos en el desarrollo de las funciones legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Pero fortalecimos, con la Reforma de 1968, la función ejecutiva, debilitamos la función legislativa y nunca le pusimos la suficiente atención a la función jurisdiccional. Debilitamos tremendamente el aparato de la administración de justicia hasta tal punto que no le pudo responder a los fenómenos de criminalidad organizada en el país”.
EQUILIBRIO DE PODERES
De ahí que considere que en materia de organización del Estado una Constitución debe buscar un equilibrio de las distintas funciones del poder público, introduciendo un Estado moderno con nuevas funciones.
Propone el fortalecimiento de la función planificadora: “Si introducimos a nivel nacional, departamental y municipal la función planificadora, lograremos un mayor equilibrio en el desarrollo de las distintas regiones y equilibrio en la educación y la cultura, en la prestación de los servicios públicos”.
En segundo lugar, propone el fortalecimiento de la función fiscalizadora, partiendo del hecho real de que el Estado ha fracasado porque no ha logrado encauzarla a través de procesos de participación de la comunidad: “En nuestra concepción del Estado la función fiscalizadora está integrada por organismos gubernamentales y no gubernamentales. Son unas Procuradurías de las que hacen parte el Procurador y organismos cívicos, de la Acción Comunal, del movimiento social. Lo mismo con la función planificadora: Podemos hacer planificación pero escuchando las inquietudes de la comunidad, del movimiento cívico y social”.
POR UN NUEVO PACTO SOCIAL
La necesidad de una Constitución que responda a los verdaderos problemas del país, hará posible la suscripción de un nuevo pacto social, en el que, por encima de cualquiera otra consideración, el desarrollo integral del individuo sea imperativo.
El entramado del país pasa por un análisis serio de su problemática y la implementación de acciones para superarla. La negociación política, la democratización de las empresas y de la propiedad como tal, la participación directa de la comunidad a través de organismos fuertes que le den entidad a la sociedad civil, son algunos de los puntos que están en los primeros lugares de una agenda.
El análisis que de la situación colombiana hace Jesús María Valle Jaramillo, a través de su movimiento Acción Popular Independiente, mantiene una clara línea de acción, que vale la pena retomar, un año después de su violenta muerte.
NUEVO PACTO SOCIAL
En su criterio, estamos frente a la necesidad de un nuevo pacto social, el cual debe ser garantizado por cambios sustanciales en la función electoral: “Si a través de una nueva Constitución hacemos un pacto social y político, y le decimos al movimiento guerrillero que entregue las armas y que intervenga en el proceso político del país, tenemos que cambiar radicalmente la función electoral, de modo que se respete el proceso de participación de las nuevas fuerzas sociales y políticas, y se les dé a los nuevos movimientos la oportunidad de acceder a los medios de comunicación y de intervenir en la vida política del país”.
He aquí una visión marco de lo que debe ser el Estado contemporáneo, acompañado del fortalecimiento de nuevos sistemas de producción –más democráticos- y del sector asociativo a todo nivel.
Un nuevo Estado, robustecido en sus funciones y con mayor participación de la comunidad, que debe liderar el logro de un bloque histórico en América Latina, que permita responder a los fenómenos de la comunidad internacional y a las necesidades de los derechos humanos socioeconómicos.
PIRÁMIDE SOCIAL
En cuanto a la organización estatal y social, el API considera que en la pirámide debe estar, en primer término, la familia. En un plano igual aparecen el educador, el juez y la policía preventiva: “Soñamos una sociedad civil que, en una nueva Constitución, desmonte instituciones que son para la guerra y que sólo han dejado muerte e impunidad en el país”, señaló Valle.
Aboga por el fortalecimiento de la policía preventiva y, como respuesta a este proceso lógico, el desarrollo de una policía civil. “O lo que es lo mismo, desmontar el Derecho Penal Militar y poner en su lugar un derecho civil policivo, con sistemas de control a tono con los derechos humanos fundamentales”.
Propende por la eliminación de los fueros, ministerial, castrense…, “porque todos los hombres que delinquen en Colombia deben someterse a una legislación común. Con esa visión no habríamos repetido las muertes de Urabá, del Magdalena Medio o de los barrios populares de Medellín. Para acabar con la impunidad es necesario acabar con los fueros. Decirlo en esta época es peligroso, pero bajo los fueros se esconde mucha impunidad. Los jueces que investigan delitos donde hay comprometidos militares o altos funcionarios del Estado son asesinados o perseguidos”.
Un proceso en ese sentido implica el fortalecimiento de la jurisdicción común en materia penal y la eliminación de las jurisdicciones especiales que contribuyen al actual desgreño administrativo de la justicia y al cierre de los espacios vitales para todos.
LOS DERECHOS HUMANOS
La preeminencia de los derechos humanos es vital en su concepción del Estado. Empero, no basta con su consagración sustantiva sino que es necesario establecer instrumentos adjetivos eficaces, que garanticen su cumplimiento y que serían vitales en el actual proceso de negociación con los actores armados.
“Nosotros no hemos utilizado los instrumentos internacionales para resolver los conflictos irregulares que se dan en el país. A todos los conflictos sociales hemos respondido con las fuerzas armadas. El mundo enseña que a los conflictos internos hay que crearles canales de solución. Ahí es donde se desarrolla un derecho policivo, de tipo civil, no militar. Es decir, hay que impulsar los nuevos sistemas de control social, a tono con los derechos procesales. Pero nosotros militarizamos la policía, los organismos de seguridad, la sociedad civil, la lucha política, el Estado”.
UN NUEVO CONGRESO
El funcionamiento y la composición del Congreso de la República están en la mira del plan reformista que formula el API. Se plantea el unicameralismo, con representación regional y con asesores permanentes, de modo que recupere su función fiscalizadora y su función legislativa. También se debe atajar la reelección e implementar la revocatoria del mandato.
“Así mismo, los congresistas no podrán desempeñar, en el mismo periodo, otras funciones dentro de la organización del Estado ni muchos menos intervenir en los procesos de contratación estatal. Es urgente y perentorio un régimen de incompatibilidades en el texto constitucional”, dice.
Las ideas claras, el pulso firme para defenderlas, incluso con su vida. El legado político de Jesús María Valle Jaramillo todavía está en construcción…
¿QUÉ ES EL API?
El API se concibió como un movimiento de participación comunitaria y se describe así:
“1. Un proyecto histórico para alcanzar una identidad nacional, respetando el pluralismo ideológico, cultural, ético y político.
2. Un movimiento de participación comunitaria con vocación de poder y de servicio.
3. Un compromiso permanente e insobornable por la defensa de los derechos humanos, conquistados por el hombre durante siglos de lucha.
4. Una invitación clara y desprevenida a los puros de corazón y a los dignos que, por serlo, tienen cerrado el ascenso político en un país de componendas, herencias y clientelismo.
5. Un testimonio de lucha por la consolidación de un bloque histórico de América Latina que libere a nuestros pueblos de la dependencia, la ignorancia y la miseria”.
¿POR QUÉ EL API?
“1. Porque hay que elaborar un nuevo código de paz y de convivencia social.
2. Porque el API recoge las banderas de los derechos humanos que en charcos de sangre y lágrimas nos recuerdan a Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y a Fernando Vélez Vélez…
3. Porque el API no acepta: el maltrato, la tortura, ni el asesinato “por limpieza” que es el más sucio de todos.
4. Porque el API tampoco acepta la impunidad, porque el delito siepre hiere al más débil y al más bueno, y con su dolor e impiedad desorganiza el bien común social.
5. Porque hay que reorganizar el país que la corrupción y el clientelismo destruyeron.
6. Porque el Palacio de Justicia sigue ardiendo en nuestro corazón. Es como una lámpara funeraria, siempre prendida, que acusa ante la eternidad.
7. Porque la carestía de la vida mata a los pobres, pauperiza y acorrala a la clase media. Entonces, el API es: control fiscal a los servicios públicos y protesta seria, científica y popular.
8. Porque no queremos más colombianos en la soledad del exilio y el refugio clandestino.
9. Porque necesitamos un espacio vital para crear y distribuir riqueza, que permita el pleno cumplimiento de los derechos humanos socioeconómicos.
10. Porque la universidad se resiente de prematura frustración profesional y política; y el API necesita de todas las inteligencias que sueñan la utopía de una patria social.
11. Porque el API es distinto, independiente, le canta a la vida”.
¿QUÉ BUSCA?
“1. Que la vida vuelva a ser vida.
2. Fortalecer la estructura familiar; enaltecer al maestro, dignificar al juez natural e institucionalizar una policía preventiva cuya virtud sea el respeto a los derechos humanos.
3. Servir a todos los reclamos justos y así merecer algún día la confianza y la fraternidad de los perseguidos, los desheredados, los humildes.
4. Hacer que el municipio sea la primera patria: en el estudio, con sus escuelas, en la salud, con los hospitales sin penuria, y en la paz, por su presupuesto, independencia y modernidad.
5. Que el medio ambiente sea salud y hogar colectivos.
6.El control fiscal popular como participación comunitaria en el ejercicio de la función pública.
7. Recrear y aprender a tener vergüenza, como elemento sustancial de una ética política que nos separe de la muerte, de la barbarie y de la crueldad”.
Texto publicado en El Colombiano los días 28 de febrero y 1º de marzo de 1999, páginas 12ª y 11ª, respectivamente.
PROYECTO HUMANISTA POR ESENCIA
Jesús María Valle Jaramillo, defensor antioqueño de los derechos humanos, cayó asesinado el 27 de febrero de 1998. Su propuesta política, reunida en los lineamientos ideológicos de su movimiento Acción Popular Independiente, API, es de claro corte humanista.
El proceso que condujo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en 1991 tuvo en Jesús María Valle Jaramillo a uno de sus protagonistas. Empero, el entonces presidente del Comité de los Derechos Humanos se quedó en el camino. No pasó así con el pensamiento político del malogrado dirigente, quien proyectó su idea del Estado en el movimiento Acción Popular Independiente, API, cuyos postulados engloban una línea de acción definida: La defensa de un nuevo pacto social, un código de paz, un proyecto histórico que incluye la democratización de la economía, la desmilitarización de la vida nacional, lo educativo y lo cultural. El consejo, así descrito, construye una pirámide en cuyo vértice debe estar, inexorablemente, el Derecho a la Vida.
BASES SÓLIDAS
El deseo suyo y de su movimiento, de llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, se sustentaba en bases sólidas, producto de profunda reflexión: “Nosotros pensamos que para poder superar este código de barbarie y entronizar un código de paz tiene que haber una amplia participación comunitaria y que al lado de los partidos tradicionales las nuevas fuerzas sociales han de tener su manifestación en la Constitución. Entendemos la Asamblea Nacional Constituyente como la oportunidad de llegar a un acuerdo, a un pacto social, a un consenso sobre un nuevo proyecto histórico”.
Proyecto histórico que se concreta -¡hoy tiene más vigencia que nunca!- en los siguientes puntos:
En el campo económico incluye la democratización de la economía y de las empresas. Lo político pasa por la desmilitarización del Estado, de la sociedad y de la lucha política, es decir, “que trabajemos en el campo civil pensando fundamentalmente en la organización de la comunidad, que no haya lucha armada en el país”. Lo cultural propende por un programa auténtico de cambio a nivel educativo, informativo, técnico, científico y de las artes. “Si no hay un consenso en torno a un proyecto histórico, Colombia intensificará su lucha y su código de muerte”.
POR LA VIDA
Su defensa de la vida es un himno aguerrido y firme: “Toda la ola de muertes que ha invadido las esferas de la vida nacional exige que haya mucha seriedad por parte de todas las fuerzas vitales de la sociedad, porque hemos llegado al convencimiento de que la seguridad no la podemos dividir. La inseguridad nos invade a todos y la muerte la hemos padecido todos: los empresarios, los campesinos, los políticos, los líderes sindicales, el movimiento guerrillero, los amplios sectores populares del país. Ello nos obliga inexorablemente a colocar en la pirámide de un consenso el Derecho a la Vida, que es lo que le dá fundamento a la civilización y enaltece a los pueblos, nosotros no podemos pensar en los derechos socioeconómicos, culturales ni ecológicos”.
La estructura política del país, sobre su base histórica, la analiza así:
“Nosotros teníamos una concepción muy clásica del Estado. Su estructura la cimentábamos en el desarrollo de las funciones legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Pero fortalecimos, con la Reforma de 1968, la función ejecutiva, debilitamos la función legislativa y nunca le pusimos la suficiente atención a la función jurisdiccional. Debilitamos tremendamente el aparato de la administración de justicia hasta tal punto que no le pudo responder a los fenómenos de criminalidad organizada en el país”.
EQUILIBRIO DE PODERES
De ahí que considere que en materia de organización del Estado una Constitución debe buscar un equilibrio de las distintas funciones del poder público, introduciendo un Estado moderno con nuevas funciones.
Propone el fortalecimiento de la función planificadora: “Si introducimos a nivel nacional, departamental y municipal la función planificadora, lograremos un mayor equilibrio en el desarrollo de las distintas regiones y equilibrio en la educación y la cultura, en la prestación de los servicios públicos”.
En segundo lugar, propone el fortalecimiento de la función fiscalizadora, partiendo del hecho real de que el Estado ha fracasado porque no ha logrado encauzarla a través de procesos de participación de la comunidad: “En nuestra concepción del Estado la función fiscalizadora está integrada por organismos gubernamentales y no gubernamentales. Son unas Procuradurías de las que hacen parte el Procurador y organismos cívicos, de la Acción Comunal, del movimiento social. Lo mismo con la función planificadora: Podemos hacer planificación pero escuchando las inquietudes de la comunidad, del movimiento cívico y social”.
POR UN NUEVO PACTO SOCIAL
La necesidad de una Constitución que responda a los verdaderos problemas del país, hará posible la suscripción de un nuevo pacto social, en el que, por encima de cualquiera otra consideración, el desarrollo integral del individuo sea imperativo.
El entramado del país pasa por un análisis serio de su problemática y la implementación de acciones para superarla. La negociación política, la democratización de las empresas y de la propiedad como tal, la participación directa de la comunidad a través de organismos fuertes que le den entidad a la sociedad civil, son algunos de los puntos que están en los primeros lugares de una agenda.
El análisis que de la situación colombiana hace Jesús María Valle Jaramillo, a través de su movimiento Acción Popular Independiente, mantiene una clara línea de acción, que vale la pena retomar, un año después de su violenta muerte.
NUEVO PACTO SOCIAL
En su criterio, estamos frente a la necesidad de un nuevo pacto social, el cual debe ser garantizado por cambios sustanciales en la función electoral: “Si a través de una nueva Constitución hacemos un pacto social y político, y le decimos al movimiento guerrillero que entregue las armas y que intervenga en el proceso político del país, tenemos que cambiar radicalmente la función electoral, de modo que se respete el proceso de participación de las nuevas fuerzas sociales y políticas, y se les dé a los nuevos movimientos la oportunidad de acceder a los medios de comunicación y de intervenir en la vida política del país”.
He aquí una visión marco de lo que debe ser el Estado contemporáneo, acompañado del fortalecimiento de nuevos sistemas de producción –más democráticos- y del sector asociativo a todo nivel.
Un nuevo Estado, robustecido en sus funciones y con mayor participación de la comunidad, que debe liderar el logro de un bloque histórico en América Latina, que permita responder a los fenómenos de la comunidad internacional y a las necesidades de los derechos humanos socioeconómicos.
PIRÁMIDE SOCIAL
En cuanto a la organización estatal y social, el API considera que en la pirámide debe estar, en primer término, la familia. En un plano igual aparecen el educador, el juez y la policía preventiva: “Soñamos una sociedad civil que, en una nueva Constitución, desmonte instituciones que son para la guerra y que sólo han dejado muerte e impunidad en el país”, señaló Valle.
Aboga por el fortalecimiento de la policía preventiva y, como respuesta a este proceso lógico, el desarrollo de una policía civil. “O lo que es lo mismo, desmontar el Derecho Penal Militar y poner en su lugar un derecho civil policivo, con sistemas de control a tono con los derechos humanos fundamentales”.
Propende por la eliminación de los fueros, ministerial, castrense…, “porque todos los hombres que delinquen en Colombia deben someterse a una legislación común. Con esa visión no habríamos repetido las muertes de Urabá, del Magdalena Medio o de los barrios populares de Medellín. Para acabar con la impunidad es necesario acabar con los fueros. Decirlo en esta época es peligroso, pero bajo los fueros se esconde mucha impunidad. Los jueces que investigan delitos donde hay comprometidos militares o altos funcionarios del Estado son asesinados o perseguidos”.
Un proceso en ese sentido implica el fortalecimiento de la jurisdicción común en materia penal y la eliminación de las jurisdicciones especiales que contribuyen al actual desgreño administrativo de la justicia y al cierre de los espacios vitales para todos.
LOS DERECHOS HUMANOS
La preeminencia de los derechos humanos es vital en su concepción del Estado. Empero, no basta con su consagración sustantiva sino que es necesario establecer instrumentos adjetivos eficaces, que garanticen su cumplimiento y que serían vitales en el actual proceso de negociación con los actores armados.
“Nosotros no hemos utilizado los instrumentos internacionales para resolver los conflictos irregulares que se dan en el país. A todos los conflictos sociales hemos respondido con las fuerzas armadas. El mundo enseña que a los conflictos internos hay que crearles canales de solución. Ahí es donde se desarrolla un derecho policivo, de tipo civil, no militar. Es decir, hay que impulsar los nuevos sistemas de control social, a tono con los derechos procesales. Pero nosotros militarizamos la policía, los organismos de seguridad, la sociedad civil, la lucha política, el Estado”.
UN NUEVO CONGRESO
El funcionamiento y la composición del Congreso de la República están en la mira del plan reformista que formula el API. Se plantea el unicameralismo, con representación regional y con asesores permanentes, de modo que recupere su función fiscalizadora y su función legislativa. También se debe atajar la reelección e implementar la revocatoria del mandato.
“Así mismo, los congresistas no podrán desempeñar, en el mismo periodo, otras funciones dentro de la organización del Estado ni muchos menos intervenir en los procesos de contratación estatal. Es urgente y perentorio un régimen de incompatibilidades en el texto constitucional”, dice.
Las ideas claras, el pulso firme para defenderlas, incluso con su vida. El legado político de Jesús María Valle Jaramillo todavía está en construcción…
¿QUÉ ES EL API?
El API se concibió como un movimiento de participación comunitaria y se describe así:
“1. Un proyecto histórico para alcanzar una identidad nacional, respetando el pluralismo ideológico, cultural, ético y político.
2. Un movimiento de participación comunitaria con vocación de poder y de servicio.
3. Un compromiso permanente e insobornable por la defensa de los derechos humanos, conquistados por el hombre durante siglos de lucha.
4. Una invitación clara y desprevenida a los puros de corazón y a los dignos que, por serlo, tienen cerrado el ascenso político en un país de componendas, herencias y clientelismo.
5. Un testimonio de lucha por la consolidación de un bloque histórico de América Latina que libere a nuestros pueblos de la dependencia, la ignorancia y la miseria”.
¿POR QUÉ EL API?
“1. Porque hay que elaborar un nuevo código de paz y de convivencia social.
2. Porque el API recoge las banderas de los derechos humanos que en charcos de sangre y lágrimas nos recuerdan a Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y a Fernando Vélez Vélez…
3. Porque el API no acepta: el maltrato, la tortura, ni el asesinato “por limpieza” que es el más sucio de todos.
4. Porque el API tampoco acepta la impunidad, porque el delito siepre hiere al más débil y al más bueno, y con su dolor e impiedad desorganiza el bien común social.
5. Porque hay que reorganizar el país que la corrupción y el clientelismo destruyeron.
6. Porque el Palacio de Justicia sigue ardiendo en nuestro corazón. Es como una lámpara funeraria, siempre prendida, que acusa ante la eternidad.
7. Porque la carestía de la vida mata a los pobres, pauperiza y acorrala a la clase media. Entonces, el API es: control fiscal a los servicios públicos y protesta seria, científica y popular.
8. Porque no queremos más colombianos en la soledad del exilio y el refugio clandestino.
9. Porque necesitamos un espacio vital para crear y distribuir riqueza, que permita el pleno cumplimiento de los derechos humanos socioeconómicos.
10. Porque la universidad se resiente de prematura frustración profesional y política; y el API necesita de todas las inteligencias que sueñan la utopía de una patria social.
11. Porque el API es distinto, independiente, le canta a la vida”.
¿QUÉ BUSCA?
“1. Que la vida vuelva a ser vida.
2. Fortalecer la estructura familiar; enaltecer al maestro, dignificar al juez natural e institucionalizar una policía preventiva cuya virtud sea el respeto a los derechos humanos.
3. Servir a todos los reclamos justos y así merecer algún día la confianza y la fraternidad de los perseguidos, los desheredados, los humildes.
4. Hacer que el municipio sea la primera patria: en el estudio, con sus escuelas, en la salud, con los hospitales sin penuria, y en la paz, por su presupuesto, independencia y modernidad.
5. Que el medio ambiente sea salud y hogar colectivos.
6.El control fiscal popular como participación comunitaria en el ejercicio de la función pública.
7. Recrear y aprender a tener vergüenza, como elemento sustancial de una ética política que nos separe de la muerte, de la barbarie y de la crueldad”.
Texto publicado en El Colombiano los días 28 de febrero y 1º de marzo de 1999, páginas 12ª y 11ª, respectivamente.
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